Patronal en campaña
Vaya por delante que me parece estupendo que cualquier persona, asociada o no, exprese sus opiniones políticas, manifieste su acuerdo o desacuerdo con dichas decisiones políticas, critique o alabe al gobierno que sea, del nivel que sea y por las razones que considere, incluso adopte decisiones importantes en función de las diferentes coyunturas políticas pasadas , presentes o futuras. Incluso que las mencionadas opiniones, críticas, alabanzas o decisiones se pretendan enmascarar bajo criterios de objetividad, eficacia, neutralidad e independencia. Insisto, me parece estupendo. Lo único que ocurre es que, como ciudadano, en este caso asociado y muy asociado, pido reciprocidad para que también parezca estupendo que yo exprese mis opiniones, critique o alabe las de otras u otros y evalúe algunas decisiones en función de mi criterio y parecer, con total libertad, y además, contextualice las mismas, por el momento en que se producen, como propias de campaña electoral descarada, y además, no pretenda enmascarar las mismas bajo ninguna criterio de objetividad, neutralidad ni independencia que valga. Es mi parecer y como tal lo expreso.
Y si he hecho estas reflexiones preliminares es, sencillamente, por el intolerable (democráticamente hablando) «ofendidismo» o victimismo del que suelen hacer gala determinados sectores empresariales y sus voceros políticos y mediáticos, cuando sus opiniones o decisiones ( lo diré por última vez, legítimas) son argumentadas en sentido contrario, incluso criticadas, por quien sea ( igualmente legítimo). No existe, pues, de un lado, libertad de expresión y decisión, y, al otro, ataque y desprestigio. No cuela ese doble rasero.
Es conocido que los intereses empresariales no tienen porque coincidir con los intereses laborales, ni con las prioridades políticas y económicas de un gobierno. La correcta armonización de ambos intereses se consigue a través de la negociación, en la que todas las partes han de ceder para lograr objetivos comunes y razonablemente compartidos. Por tanto, como primera medida, abandonar o no presentarse en la mesa de negociación, es un error. Y hacerlo con argumentaciones escasamente fundadas, en época pre-electoral y vanagloriarse de ello es hacer campaña electoral. Y de la mala. En ese sentido, la patronal española ha dado evidentes síntomas de encontrarse en campaña electoral. No es malo ni bueno, tan sólo lo es. Y de nada sirve, intentar disimularlo haciéndose el ofendidito.
Es también conocido que la legislación europea permite, cumpliendo determinadas condiciones, el cambio de sede de las empresas radicadas en el ámbito de la Unión. Podrá gustar más o menos, pero así es a día de hoy. No cabe duda de que esta es una decisión compleja, con muchas variantes e interpretaciones y que afecta, sin duda, a la credibilidad y confianza que la acción de un gobierno ofrece a la ciudadanía y al exterior. Nadie puede ignorar eso. Por tanto, parece más que razonable que ante la endeblez de las razones dadas por una gran empresa española para cambiar de sede, el Gobierno utilice sus recursos (en caso contrario, sería criticado, y con razón, de dejadez) para dejar las cosas claras. Que las razones ofrecidas no tienen justificación a la luz de la legislación nacional y europea. Que los objetivos que dice perseguir la gran empresa, se pueden conseguir a través de otros mecanismos que no supongan el citado cambio de sede. Y, por supuesto, respete y asuma la decisión final, pero sin haber permanecido de espaldas a la realidad y sin haber hecho dejación de sus funciones, que las tiene. Si la consecuencia de ello, es que se desnuden las verdaderas razones del cambio, es decir, el indisimulado deseo de pagar menos impuestos y punto, pues desnudadas quedan.
Si de ello se desprende que el acto (largamente preparado, pero ahora ejecutado) aparece como un descarado intento de hacer campaña electoral contra el gobierno, pues será que lo es. No pasa nada, es el debate democrático. Cada parte expone sus razones y la ciudadanía toma nota. No hay que ofenderse ni hacer el ridículo aludiendo a que nadie presiona ni deja de presionar. Ante una decisión legal y legítima que tiene consecuencias para el país, el gobierno del país actúa legal, legítima y democráticamente. No veo el problema, más allá de que algunos hayan quedado retratados y muy retratados.
No resulta tan razonable la crítica constante de la patronal española a la política económica del gobierno, cuando tanto los indicadores europeos de crecimiento, como las previsiones presupuestarias, incluso los análisis realizados por la Funcas (la Fundación de las Cajas de ahorro españolas, un ente cuyos análisis y estudios constituyen el evangelio económico para nuestros liberales patrios, los de verdad, no quienes se hacen llamar así), aumentan las expectativas de crecimiento. A veces, nuestra patronal (en campaña) parece la madre del soldado aquel que desfilaba en sentido contrario a toda la fila, pero para ella eran los demás quienes desfilaban mal. Opiniones legítimas, pero en este caso rotunda y tozudamente desmentidas por la realidad económica del país. Pero ellos están en campaña. al menos, que se sepa. Urbi et orbe, por supuesto.
