Pensionistas y jubilados del mundo, ¡unios! (II)
¿Por qué no distribuimos mejor la riqueza que los trabajadores generamos? Se agradece la atención que algunas entidades prestan a los colectivos más necesitados, a los pobres vamos, pero esa caridad, esa filantropía, no es repartir la riqueza, ni elimina las diferencias sociales ni las causas que la motivan. Mejorar la sanidad, la educación o las pensiones es un asunto de redistribución de los recursos que debe hacer el Estado. Pensar que los trabajadores deben financiar sus pensiones a través de sus cotizaciones solamente, es una opinión interesada. Hay que vincular las pensiones a la riqueza del país y el nuestro tiene suficientes recursos económicos para mantener unas pensiones dignas.
Es mentira el que la pensión dependa del número de trabajadores que coticen por cada jubilado. Como lo es, la de condicionar la pensión a los años de vida. Y de dónde sacamos los trabajadores, cada vez más precarios, con cada vez más dificultades para terminar el mes, con contratos temporales, dinero para invertir en pensiones privadas. Cuantos millones de trabajadores españoles, no se ven obligados, a percibir sus salarios en dinero negro, lo que es pan para hoy y falta de pensión para mañana.
Igual que es una gran mentira de política fiscal, los préstamos del Estado a la Seguridad Social para hacer frente a los pagos de las pensiones, es pura fontanería contable, y se resuelve el problema, separando las fuentes de financiación de la Seguridad Social, cuando la realidad es que, estos “préstamos”, se aprueban o se cancelan con decisiones políticas.
¡Basta de estar mintiendo con las pensiones y jubilaciones! De verdad, honradamente, ¿se puede pensar que un sistema privado de pensiones es mejor que uno público? ¿Por qué? ¿Alguien conoce algún banco libre de pecado? ¿Hasta dónde llega la honradez de los dueños de la banca para fiarnos de ellos? Es con controles y nos estafan y nos roban. Nunca lo privado nos ofrecerá mejores garantías que lo público. Fijaros en el agua o la luz, su privatización las ha encarecido y su mantenimiento es cada vez más deficiente, porque para esas empresas tan sociales, priman los beneficios sobre el bienestar de los consumidores.
El futuro de las pensiones va a depender del pleno empleo, de un empleo digno, de un trabajo seguro y sin precariedad. Si hay un mejor empleo, habrá mejores cotizaciones y habrá una mejor pensión. Es curioso que, en un momento donde el aumento de la producción es evidente, una gran parte de la población se empobrezca ¿Por qué aumenta la diferencia entre ricos y pobres cada vez más? ¿Quién se apropia de la riqueza que se crea? ¡Cuidado! El hambre, la necesidad extrema o la exclusión social, no se están viendo ya como una violación de los derechos humanos. Lo empezamos a aceptar como algo que está ahí, como inevitable. Nuestra sociedad ha enfermado y no es de extrañar que, cuestionemos este sistema social y este tipo de democracia.
Ninguna pensión puede estar por debajo del salario mínimo. Los jubilados y pensionistas, cuando cobran, no se llevan su dinero a paraísos fiscales, inmediatamente, los ponen en circulación adquiriendo sus alimentos y cubriendo sus necesidades. Y como está la situación, manteniendo a otros familiares. Quiero decir con esto, que, cualquier subida en la cuantía de la pensión, sirve para activar la economía, incrementa el consumo.
Hace falta un nuevo Contrato Social, y éste, no puede pasar solamente, por lo acordado en el Pacto de Toledo, es necesario revisarlo todo para garantizar la protección social en educación y formación, en salud, que evite la pobreza económica, energética y de vivienda, que impida la marginación y la exclusión social. Un Pacto donde prime el bien e interés común, frente a lo individual y mercantilizado. Y sea el Estado quien lo gestione y no la empresa privada.
Será la presión que ejerzamos los trabajadores, los jubilados y pensionistas, los hombres y mujeres, organizados en sindicatos, partidos políticos y plataformas reivindicativas, los que consigamos una mejor legislación social y unas nuevas instituciones sociales. De la fuerza que tengamos, dependerá ese nuevo modelo que será progresista o regresivo.
Es la Constitución de 1978 la que exhorta mejorar las pensiones. Y dependerá de, a quienes nosotros pongamos en el Gobierno, que esto tome un rumbo democrático, sin adjetivos, y de verdadera justicia social, donde las pensiones y el derecho a una vejez digna para pensionistas y jubilados, sea una política de hechos, que es lo que cuenta, y no de voluntades.
Conseguir ese nuevo contrato social, dependerá de la unidad de la izquierda, de la correlación de fuerzas, de superar el sectarismo y el miedo a los poderes fácticos.
Como gritan los jubilados y pensionistas en todas sus concentraciones:¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden!
