Piden 6 años de prisión para el expresidente del Colegio de Gestores Administrativos por estafa
- La Fiscalía le acusa de un delito continuado de estafa
La Fiscalía ha solicitado seis años de prisión para el que fuera durante diez años presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería por un delito de estafa continuada después de que supuestamente gastara cerca de 75.000 euros en gastos propios haciendo uso de las tarjetas de la entidad, un asunto que supuso su dimisión una vez «descubierto» el presunto «fraude».
El juicio está señalado para el 11 y 12 de noviembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada. En su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscalía expone que el acusado, de 71 años, ostentó el cargo desde marzo de 2004 hasta 2014 y en virtud del mismo dentro de este periodo se encargaron cinco tarjetas sin la intervención ni aprobación expresa de los órganos colegiados.
Una de las cuentas que se crearon era específica para los gastos del presidente por representación institucional del colegio y la otra, que se activó «por decisión personal» del acusado, se usaba como cuenta corriente para abonos y cargos del presidente pendientes de justificar.
El balance anual de esta segunda cuenta pasaba a integrar una partida contable con las deudas de los colegiados, de modo que era «imposible distinguir» los conceptos y la Junta de Gobierno del Colegio solo podía apreciar los impagos en sus cuotas de los colegiados deudores mezclados con los gastos pendientes del presidente.
Esta circunstancia fue aprovechada por el acusado, según la Fiscalía, para que sus gastos pendientes de justificar fueran a parar a esta segunda cuenta y se confundieran con el saldo de los deudores.
Así, con «confianza en su impunidad», en 2008 y hasta 2014 comenzó a aprovechar esta cuenta para cargar también sus gastos personales y durante este periodo supuestamente hizo uso de las tarjetas del colegio en beneficio propio. La Fiscalía ha contabilizado cerca de 75.000 euros en cargos no justificados, entre retiradas de efectivo en cajeros, compras, pago de sanciones de tráfico e incluso pagos a portales de contactos y citas, como Match Meetic.
Una vez «descubierto el fraude», el acusado presentó su dimisión el 31 de julio de 2014 y unas semanas después presentó un documento en el que reconocía los hechos y unas cuantías apropiadas por valor de 56.001 euros, comprometiéndose a devolverlo antes de que finalizara ese mismo año, si bien no lo ha hecho.
La Fiscalía le acusa de un delito continuado de estafa por el que, además de la pena de cárcel, pide su inhabilitación para empleo o cargo público relacionado con la administración o gestión de caudales, así como el pago de una multa de 7.200 euros.
