Piden cárcel para un administrativo del SAS acusado de encargar pruebas sin autorización médica
La Fiscalía ha pedido cuatro años y nueve meses de prisión para un administrativo en el hospital del Parque Tecnológico de la Salud de Granada, quien habría aprovechado su acceso a la aplicación corporativa informática para encargar pruebas diagnósticas, sin autorización del médico facultativo, a beneficio de un segundo procesado en esta causa, que se enfrenta a una petición fiscal de dos años y medio de cárcel.
En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía ha detallado que, «a pesar de conocer los límites precisos de su autorización como administrativo» y «siendo consciente del funcionamiento del Servicio Andaluz de Salud (SAS)», el principal procesado «resolvió, a instancias y con la colaboración imprescindible del otro acusado», pruebas diagnósticas.
Habría aprovechado «la facilidad que le proporcionaba su acceso como administrativo a la aplicación informática corporativa, registro público donde se mecanizaban las solicitudes de pruebas y las citas médicas generándose documentos» que luego «componían la historia clínica de paciente o usuario».
El otro acusado, supuestamente «en su provecho, en tanto que eludía los procedimientos establecidos para conseguir pruebas» y «obtenía una rebaja en los tiempos de espera», le facilitó los «datos personales necesarios para el propósito ideado». El procesado principal habría accedido «al menos en dos ocasiones» con su «login a la aplicación corporativa, y simulando la existencia de una previa decisión médica». Solicitaba supuestamente resonancias magnéticas nucleares.
Eran solicitudes, según el fiscal, «íntegramente mendaces al no haber sido prescritas ni autorizadas por facultativo sino por su propia iniciativa, haciendo constar en la aplicación datos absolutamente inveraces por inventados». De este modo, le habría sido realizada una resonancia en la rodilla derecha al otro procesado el 3 de octubre de 2016. El doctor la habría hecho «no porque la hubiera prescrito, sino porque el acusado generó una cita para ello sin su conocimiento ni consentimiento». Tuvo un coste para el SAS de 119,99 euros.
El 25 de octubre se le habría practicado resonancia en la zona lumbosacra, con el mismo coste. De ambas pruebas se le informó al día siguiente, cuando, según los datos que facilita el fiscal en su escrito, en el caso de los estudios de rodilla son de 26 días los tiempos medios de espera, y en los de columna, 67, «estándares que se lograron burlar».
Los hechos conllevarían la presunta comisión de un delito continuado de falsedad en documento público u oficial por la que al principal acusado la Fiscalía pide, además de los cuatro años y nueve meses de prisión, cinco años de inhabilitación y multa de 1.728 euros. El otro, que respondería como inductor o cooperador necesario, se enfrenta, además de a dos años y medio de cárcel, a dos años y nueve meses de inhabilitación y a 1.050 euros de sanción.
Está previsto que estos hechos sean enjuiciados el próximo 5 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.
