Pobreza post COVID
El pasado domingo día 17 de octubre conmemoramos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, una fecha que nos debería hacer reflexionar sobre una realidad cada vez más presente y cotidiana y que la pandemia ha agravado considerablemente.
El dato es demoledor. Casi un tercio de la población granadina está en riesgo de pobreza, considerando la misma cuando un hogar unipersonal no supera un nivel de ingresos de 8.011 euros anuales o 668 euros al mes, o en el caso de los hogares familiares, los ingresos no superen los 16.823 euros al año, o los 1.401 euros al mes. En esos datos se encuentran 30 de cada cien personas de la capital, lo que supone tener muy difícil poder llegar a fin de mes y hacer frente a los gastos más básicos.
Son datos del informe elaborado por la empresa de consultoría Ais Group, la tasa de población en riesgo de pobreza de la capital granadina, supera en casi ocho puntos la media nacional, situada en el 22,1%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Aunque algunas estadísticas aseguren que Granada es la capital de provincia más «rica» de Andalucía, lo cierto es que una gran parte de su población está en situación de pobreza o cercana a ella. Se estima que en Granada, cuatro de cada diez niños están en riesgo de pobreza, unos 53.000 menores.
Según las estimaciones de diferentes organizaciones, al menos 2.500 familias del municipio de Granada, alrededor de 10.000 personas, carecen actualmente de los recursos necesarios para comer adecuadamente todos los días.
La tasa de pobreza infantil, según la Estrategia 2020 de la UE, debería estar por debajo del 17%. Sin embargo en Granada se sitúa alrededor del 25%, y 15 de cada 1.000 familias ingresan menos de 8.000 euros anuales.
Mucha atención también a la cronificación de la pobreza, porque el niño que es pobre, lo es en su adolescencia, en su juventud y cuando es adulto y Granada que supuestamente es la ciudad más rica de Andalucía, tiene a cuatro de cada diez niños en esa situación y a trece de cada cien en la de pobreza severa infantil.
Pero es que, para que la situación sea aún más sombría, el empleo ya no garantiza unas condiciones dignas de vida porque la precariedad y la inestabilidad laboral crea trabajadores pobres.
El tsunami que ha supuesto la alarma sanitaria, ha sido seguido por otra ola más imperceptible para la opinión pública: la de la crisis social y económica, que sigue creciendo semana a semana y que ha provocado que las desigualdades se profundicen.
Cada vez más granadinos, hombres, mujeres y niños, tienen dificultad para satisfacer una necesidad vital tan básica como comer, un derecho fundamental. Comer a diario, disfrutar de una vivienda digna, tener luz y agua, disponer de butano para cocinar o calentarse, tener acceso a productos higiénicos… no son «caprichos» o «privilegios». Son derechos que obligan a los poderes públicos a actuar para garantizarlos.
La pobreza está muy cerca de nosotros. Además de las más de doscientas personas que viven en la calle en nuestra ciudad y los centenares que malviven en diferentes asentamientos, colectivos como los de los migrantes y las personas que se dedican a la venta ambulante, han sufrido un duro golpe con la pandemia que nos está mostrando otro tipo de pobreza, que quizás no sea tan visible y que es la que afecta a las miles de personas que, debido a la pandemia, han perdido sus empleos y sus modos de vida.
Decía Emilio Marín, de la ONG «Calor y Café», que siempre habían existido en Granada los conocidos como «pobres vergonzantes», que no son sino aquellas personas que, por unas u otras circunstancias, les produce una profunda vergüenza asumir y reconocer su pobreza y, en consecuencia, pedir ayuda. Pues bien, ese número de pobres vergonzantes, se ha multiplicado por cien a causa de la pandemia. Como muestra baste un botón, el 85% de las personas en exclusión, residen en barrios en buenas condiciones.
Decía Manuel Martín, el Defensor del Ciudadano de Granada, en su informe anual, que ante la situación a que nos enfrentamos, es imprescindible reforzar los servicios sociales con más recursos, garantizar el derecho constitucional a la vivienda, impulsar la creación de empleo y evitar la destrucción de puestos de trabajo, combatir la pobreza infantil y las situaciones de riesgo para la infancia y la adolescencia, dotar de eficacia al ingreso mínimo vital y en el caso de los barrios olvidados, actuar integralmente por parte de las distintas administraciones, para hacer frente a los déficits acumulados en diferentes materias.
Ante este estado de cosas no deberíamos dar la espalda a propuestas como la formulada por IU para la creación de un Consejo Municipal frente a la Pobreza Infantil, con participación de los servicios sociales comunitarios, centros de salud, Universidad de Granada y entidades especializadas en la lucha contra la exclusión social, con especial arraigo en los barrios más empobrecidos de la ciudad, que establezca marcos de colaboración, coordinación y trabajo en red de las organizaciones sociales y Ayuntamiento.
Reducir la tasa de exclusión en la ciudad de Granada hasta el 17% en la población infantil, es una obligación moral, no solo de nuestros políticos, sino también de cada uno de nosotros, porque como asegura la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la pobreza es una vulneración de esos derechos humanos y vivir libres de carencias es un derecho y no simplemente un motivo de compasión, por lo que luchar contra la pobreza, es un deber de todos, porque no se nos olvide que como decía el premio Nóbel de la Paz, Muhammad Yunus: «La pobreza no la crea la gente pobre. Ésta es producto del sistema que hemos creado y por lo tanto hay que cambiar los modelos y conceptos rígidos de nuestra sociedad».
