PP-A pedirá en el Parlamento asistencia jurídica gratuita para ciudadanos víctimas de ocupación ilegal de sus viviendas
El PP-A ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento en la que se insta al Gobierno andaluz a que estudie y apruebe urgentemente, previa consulta con los colegios de abogados y procuradores de Andalucía, la «ampliación del derecho de asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos víctimas de ocupación ilegal de viviendas que a consecuencia de dicha ocupación ilegal caigan en situación de pobreza o vulneralibidad».
En la iniciativa se plantea además que el Parlamento de Andalucía se muestre favorable a que el Gobierno de la Nación «rectifique y paralice la tramitación de la Ley de Vivienda, por entrar en colisión clara y evidente con lo establecido en la Constitución española en relación al derecho a la propiedad privada, por clara injerencia a las competencias atribuidas a comunidades autónomas y ayuntamientos, por haberse elaborado al margen de las comunidades autónomas y por ser muy distante a lo esperado y demandado por el sector, entre otras cuestiones».
En la exposición de motivos de la iniciativa, se indica que los derechos a la propiedad privada y a una vivienda digna «no son incompatibles, sino todo lo contrario», y las administraciones son las responsables de garantizar «esta compatibilidad dentro del marco constitucional de derechos y libertades y principios rectores de la actividad económica».
El PP-A añade que todos los ciudadanos tienen derecho a la propiedad privada, y que las competencias para la regulación del derecho a la vivienda son estatales, al igual que ocurre con las competencias sobre arrendamientos o sobre la legislación que regule el problema de la ocupación ilegal de viviendas.
A la vista de las decisiones adoptadas, según el Grupo Popular, «es obvio concluir que el actual Gobierno de la nación está generando confusión e inseguridad jurídica en la regulación de estos derechos reconocidos por nuestra Constitución».
«No es exagerado concluir que la política de vivienda del Gobierno de España es un fracaso, y que existe una percepción de indefensión por parte de los ciudadanos a los que se les ha ocupado la vivienda», según añade.
Para el PP-A, cuando el «único patrimonio del ciudadano víctima de una ocupación ilegal es precisamente la vivienda ocupada nos encontramos con que ese ciudadano pasa a una situación económica de extrema vulnerabilidad y pobreza por mucho que en el Registro de la Propiedad aparezca como propietario de una vivienda».
Señala que, afortunadamente, comunidades autónomas como Andalucía están llevando acabo una política de vivienda «sensata, y además están prestando asesoramiento, ante la ocupación ilegal y protección de la vivienda». Así, según el PP-A, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha puesto a disposición de la ciudadanía un sistema de asesoramiento e información personalizado para las personas que son víctimas de la ocupación ilegal de su vivienda, sistema que también asesora a los sectores de población que corren riesgo de pérdida de su vivienda habitual o tienen mayores dificultades para acceder a la vivienda.
«Casos de los que hemos tenido conocimiento recientemente y que están llevando a la ruina y a perder la vivienda a pequeños propietarios a los que se ha ocupado su vivienda nos ha hecho recapacitar sobre la necesidad de garantizarles el derecho a la asistencia jurídica gratuita», según el Grupo Popular.
A su juicio, es obvio que muchos ciudadanos «están perdiendo uno de sus bienes más preciados, un bien al que (ellos o su familia) han dedicado gran parte de su esfuerzo y trabajo». «Estos propietarios son acreedores de la protección de las administraciones y de obtener la protección del derecho a la vivienda ante los órganos jurisdiccionales para lo que debe operar, en toda su extensión, otro derecho, en este caso fundamental, el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de asistencia jurídica gratuita para que puedan defender sus derechos en igualdad de condiciones», según el PP-A.
