PP llevará el problema del alga asiática al pleno de la Diputación de Granada
- La UGR indica que hay indicios suficientes para asegurar que el alga ya se asienta en algunos parajes rocosos de la costa
El grupo popular en la Diputación de Granada propondrá al gobierno de la institución provincial que distribuya contenedores para el acopio del alga asiática, así como para su posterior traslado al centro de recepción oportuno una vez que los pescadores las almacenan en el puerto pesquero.
Lo solicitarán los populares en una moción elevada al próximo pleno provincial, a través de que la que instarán al Ministerio de Transición Ecológica a que agilice los trámites necesarios para declarar el alga asiática como «alga invasora».
Además, pedirá que la Junta de Andalucía y el Gobierno central, así como las administraciones competentes, adopten las medidas oportunas para «controlar, investigar y poder evitar su proliferación».
Según ha explicado el diputado provincial del PP, Antonio Narváez, en este último mes, «una realidad está afectando y amenazando de forma considerable nuestros caladeros y nuestros fondos marinos, la aparición del alga asiática en la costa granadina es un problema que tenemos que abordar firmemente por el peligro que supone para el sostenimiento del sector y por el daño que está causando y puede causar a futuro».
El alga asiática se cría entre cero y 40 metros «y es una especie que destruye nuestro hábitat y fondo marino». «Cada vez y con más frecuencia las mallas de la pesca de arrastre devuelven decenas de kilos de alga asiática a los pescadores de Motril, con las consecuencias de pérdidas y desesperación de nuestros pescadores que, preocupados e indefensos ven como esta especie invasora se asienta en nuestro litoral», ha incidido Narváez.
Este alga, de forma excepcional, puede estar viva a 200 metros de profundidad y permanecer así hasta tres semanas, el tiempo justo para que las corrientes las lleven a zonas rocosas menos profundas en las que arraigarse y crecer, «causando daños irreparables en nuestro entorno marino».
«Las algas generan un daño ecológico importante en los ecosistemas y los pescadores ya empiezan a percibir pérdidas económicas, ya que tienen que suministrar de combustible las embarcaciones para ir a faenar a los caladeros volviendo en muchas ocasiones con las manos vacías y con las artes rotas», ha comentado Narváez.
El diputado provincial ha lamentado que «nuestros pescadores no tienen medios suficientes ni capacidad para sustraer las algas ni para almacenarlas».
Antonio Narváez ha recordado que, desde la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, se está trabajando junto a la Universidad de Granada (UGR) para buscar soluciones, y Medio Ambiente ya ha valorado el impacto de la presencia de la planta invasora y sus consecuencias en la costa granadina.
La UGR indica que hay indicios suficientes para asegurar que el alga ya se asienta en algunos parajes rocosos de la costa, en reservas de conservación ecológica que hay que proteger, así como en nuestros caladeros.
Desde la delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se está trabajando para tratar de «esclarecer, frenar y evitar» los efectos que podría provocar en nuestro litoral, «pero es cierto que hay que tomar medidas de coordinación entre todas las administraciones competentes, al objeto de prevenir y evitar males mayores».
«Una medida importante que hay que abordar con urgencia es la declaración del alga como especie invasora, esta designación permitirá que se abra el protocolo para que los armadores y marineros puedan solicitar ayudas que palien los daños además de ayudar a combatir las pérdidas económicas y materiales que la presencia de éste alga puede provocar», ha recalcado Narváez.
El pasado mes de diciembre, la Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural recibió la propuesta de catalogación, que incluye el análisis de riesgos elaborado por la Universidad de Málaga sobre este alga.
El Ministerio ha enviado la propuesta de catalogación al comité científico, faltaría mandar la consulta a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, «trámite que podría tardar varios días, para su posterior tramitación en Orden Ministerial, lo que dilatará el proceso aún más».