Proponen un nuevo modelo de evaluación de las políticas de donación de órganos más sensible con las preferencias de las personas
- El modelo propuesto atiende tanto a la capacidad de las políticas de reflejar la preferencia de la mayoría, como a la de no vulnerar los deseos póstumos de una minoría discrepante
Investigadores de la Universidad de Granada, del CSIC, del Hospital Universitario de Canarias y de las universidades de Göttingen y Hamburgo han realizado un modelo que busca respetar las preferencias de la mayor parte de la población respecto a las políticas de donación de órganos.
La gestión más común a nivel internacional se apoya en los llamados modelos de “consentimiento presunto” (presuponen la donación de todo el mundo si no hay negativa expresa) y de “consentimiento expreso” (solo tratan como donantes a las personas que se hayan declarado como tales en vida). Sin embargo, ninguna de estas vías “puede respetar sistemáticamente las preferencias de las personas que disienten de la opción que se les ofrece por defecto”, detalla el investigador principal de este trabajo, el profesor del Departamento de Filosofía I de la UGR David Rodríguez-Arias.
El modelo propuesto por los investigadores atiende tanto a la capacidad de las políticas de reflejar la preferencia de la mayoría, como a la de no vulnerar los deseos póstumos de una minoría discrepante. Para ello, propone métricas basadas en el conocimiento de las personas sobre la política de consentimiento vigente en su país (ciudadanía informada o desinformada), el grado de apoyo a tales políticas (apoyo/oposición) y las preferencias respecto a la donación de órganos, que pueden converger o no con lo establecido por el modelo (convergencia/divergencia).
“La primera métrica combina ese factor con el del grado de acuerdo: no solo es importante que se conozca, sino también que se esté de acuerdo con esa política. La segunda combina el factor conocimiento con el de convergencia. La idea implícita aquí es que resulta problemático divergir de la opción que se nos ofrece por defecto –por ejemplo, que se presuponga que yo soy donante cuando no quiero serlo, o que se presuponga que yo no soy donante cuando sí quiero serlo- y que esa divergencia es todavía más problemática cuando yo desconozco cuál es la política por defecto, pues las personas cuya preferencia diverge de la opción por defecto tienden a no hacer nada para remediar esa discrepancia cuando ignoran cuál es la norma vigente”, explica el profesor Rodríguez-Arias.
La investigación se apoya en la idea de gobernanza compartida de los sistemas sanitarios, es decir, en el pensamiento de que las políticas sanitarias son más justificables y más democráticas cuando se basan en conocimiento compartido, deliberación pública, toma de decisiones inclusiva y responsabilidad compartida.
Este trabajo, recientemente publicado en la revista PLOS ONE, puede servir para que “gestores de la salud y políticos responsables de las medidas de salud pública puedan justificar las decisiones que adoptan, generando más confianza e incrementando su legitimidad”, explica el estudio. Las medidas diseñadas en el proyecto contemplan aspectos técnicos y sanitarios, pero también las posibles consecuencias éticas y morales derivadas.
“Poder demostrar que el modelo de consentimiento para la donación es conocido, está respaldado por la mayoría y no vulnera masivamente los intereses de las personas es una forma de mostrar a la sociedad que, al tomar decisiones por el bien público, los políticos no han sido arbitrarios, sino que realmente representan las preferencias de la ciudadanía”, concluye el investigador David Rodríguez Arias.
Los datos para elaborar tal modelo se obtuvieron de una encuesta realizada a más de 2.000 estudiantes de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España y Grecia. Los países que más alto puntuaron en conocimiento y acuerdo con el modelo de consentimiento fueron Austria y Bélgica, mientras que el que obtuvo la puntuación más baja fue Eslovenia.
¿Es posible el consenso total?
Los autores, igualmente, ven complicado que la gestión de la donación de órganos sea capaz de acomodar las preferencias del conjunto de la ciudadanía, ya que inevitablemente toda política pública tiene costes para alguna parte de la población. “Ahora bien, la calidad de las políticas públicas también se mide por su capacidad de no ignorar las preferencias de las minorías disidentes, de no pisotear derechos fundamentales en nombre del bien común. Este modelo tiene la ventaja de atender ambas cosas: la capacidad de las políticas de donación para reflejar la preferencia de la mayoría y de no vulnerar los deseos póstumos de una minoría que discrepa de lo que cada modelo establece como norma por defecto”, resumen los autores de este trabajo científico.
