PSOE-A investigará «toda la contratación de emergencia» de la Junta en pandemia por un posible «abuso» del procedimiento

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha anunciado este miércoles que va a abrir «un proceso de control y de investigación sobre la totalidad de la contratación de emergencia que el Gobierno de la Junta ha venido realizando» desde el inicio de la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020, y «hasta este momento», ante un posible «abuso consciente de los mecanismos para eludir los controles en materia de contratación pública» con ese procedimiento excepcional.

El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, Mario Jiménez, ha anunciado en rueda de prensa en el Parlamento el inicio de esta investigación unas horas antes de que comparezca ante el Pleno el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo (PP-A), a solicitud del PSOE-A para abordar este asunto de las contrataciones.

El representante socialista ha subrayado que la Junta ha seguido recurriendo a la contratación de emergencia «a pesar de que, desde mayo de 2021, el promotor de la legislación básica, que es el Gobierno de España, ya determinó que las condiciones que justificaban la utilización» de ésta «había concluido al haberse disipado las condiciones del mercado que habían justificado su puesta en marcha».

En ese sentido, Mario Jiménez ha detallado que el Gobierno de España, a través del Real Decreto 7/2020, del 12 de marzo, autorizó a las comunidades autónomas la contratación de emergencia «por circunstancias de la pandemia», habida cuenta de «la situación de los mercados internacionales», donde «había competencia entre distintos actores para intentar hacerse con el material sanitario con el que combatir de manera inmediata la pandemia».

Según ha relatado, el Consejo de Gobierno andaluz, en otro decreto del 16 de marzo, adaptó dicha resolución del Ejecutivo central con algunas modificaciones. Así, según ha detallado, la Junta «elevó a seis meses el plazo de un mes» que recogía el decreto estatal para remitir la «justificación de la declaración de emergencia» de los contratos al Consejo de Gobierno, y, en relación a «los libramientos a cuenta, a la posibilidad de adelantar el dinero en una contratación de emergencia», el Ejecutivo andaluz no lo restringió al 25% del importe del contrato como hacía el Estado, sino que se amplió «al 100%» del mismo.

Esas dos decisiones «no abundan en el control de la utilización de los fondos públicos», según ha advertido el representante del PSOE-A, quien por ello ha incidido en defender que desde su grupo quieren «investigar toda la contratación de emergencia de 2020, de 2021 y toda la que, de manera sorprendente, se sigue haciendo» por parte de la Junta «con las mismas razones y argumentos que existían en marzo de 2020, en un claro fraude de ley», según ha abundado Mario Jiménez.

17.000 contratos en 2020

El diputado socialista ha detallado que, gracias a que la Cámara de Cuentas incluyó en su plan de fiscalización de 2020 los contratos de emergencia, desde el PSOE-A han sabido que por ese procedimiento se realizaron «17.472 contratos por un importe de 979,8 millones de euros» ese año, de los que «el 90% son menores», y se realizaron desde «todas las instancias de la administración de la Junta, aunque especialmente desde la Consejería de Salud y Familias y el Servicio Andaluz de Salud (SAS)».

Por provincias, según ha advertido, se detecta «una inflación enorme» en el número de esos contratos en la de Málaga, ya que mientras la media de contratación en las provincias está «por debajo de 1.000», en la malagueña hay «cerca de 8.000 contratos».

Mario Jiménez ha sostenido que, con «la utilización de un mecanismo excepcional» como ese de contratación de emergencia «hay un mayor riesgo de arbitrariedad y discrecionalidad» en el uso de fondos públicos, y de que «aparezcan situaciones como la conocida en la Comunidad de Madrid», con la contratación de material sanitario a una «empresa vinculada al hermano de la presidenta» regional, Isabel Díaz Ayuso, según ha continuado.

De esta manera, desde el PSOE-A temen que desde la Junta se «pudiera haber hecho un abuso consciente del mecanismo de contratación de emergencia con ánimo de eludir los controles que la legislación en materia de contratación pública» establece, según ha explicado Mario Jiménez.

El diputado socialista ha alertado además de que la Instrucción 1 del 2021, de 18 de junio, de la Dirección General de Contratación de la Consejería de Hacienda, trasladaba «al conjunto de los centros directivos de la Junta que ya no se dan las condiciones para seguir utilizando la contratación de emergencia», pese a lo cual «no se ha paralizado» dicho mecanismo en la Administración andaluza, y «queremos saber por qué» no ha sido así, según ha enfatizado.

Pedirá todos los contratos

El parlamentario del PSOE-A ha detallado que su grupo va a «pedir todos los contratos» de la Junta correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, así como «certificación al Consejo de Gobierno de que se cumplen los requisitos» necesarios.

Al respecto, ha explicado que, «aunque la contratación de emergencia permite eludir la fase de preparación de los contratos, su publicación en la fase de concurso sí establece una serie de obligaciones», empezando por «la convalidación de la emergencia por parte del Consejo de Gobierno», un requisito que el PSOE-A quiere saber si se produjo en los contratos de dichos tres años.

También quiere conocer si se han inscrito «todos y cada uno de los contratos en el registro de contratos de la Junta», y si se han ido remitiendo «al Portal del Contratante» todos ellos, según ha continuado Jiménez, que ha aclarado además que «la ley establece también la obligación de que cualquier contrato de emergencia que se haga se formalice en un plazo de 30 días», por lo que desde el PSOE-A van a «solicitar la certificación de que todos los contratos que se han declarado de emergencia y se han llevado a la práctica se han formalizado» en ese plazo de tiempo.

Según ha insistido, el Grupo Socialista piensa que la Junta «ha utilizado de manera torticera un mecanismo que se permite de manera excepcional para eludir los controles que en materia de contratación establece la legislación básica para impedir el control del destino de esos recursos públicos, la libre concurrencia y para contratar de una manera que nos parece muy sospechosa».

En esa línea, ha trasladado la sospecha de que desde la Junta «se ha buscado ir a la contratación menor porque ese régimen de contratación es más laxo frente a contratos que razonablemente se podrían haber acumulado buscando un mejor uso de los recursos públicos», con «mayor control y transparencia en el proceso de contratación».

Así las cosas, desde el PSOE-A piden también a la Junta que, «ante el alcance y volumen de contratos y recursos económicos que están comprometidos en estos procedimientos, sean muy diligentes y trasladen inmediatamente al Parlamento la información» que le soliciten, con «máxima transparencia».

Mario Jiménez ha concluido preguntando si la Junta ha seguido utilizando el procedimiento de contratación de emergencia pese a que el Gobierno de España ya no lo veía justificado desde mayo de 2021 «buscando eludir los controles», o beneficiando «a responsables o personas vinculadas a responsables del PP en Andalucía, como se ha producido en la Comunidad de Madrid o en la Diputación de Almería» con la compra de mascarillas, según ha abundado.

Finalmente, el diputado socialista ha remarcado que ya se han dictado «50 sentencias en los tribunales vía administrativa que ponen en evidencia que el Gobierno de la Junta ha abusado de la contratación de emergencias» en materia de personal, y que, por ello, «han declarado nulas las contrataciones de más de 4.000 trabajadores públicos en Andalucía».