Reivindican mayor financiación para unos servicios sociales comunitarios «sobrecargados» por la pandemia
El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, tras la reunión telemática celebrada este viernes con los órganos de gobierno de la federación (Ejecutiva y Consejo Municipalista Andaluz), se ha referido al «sobreesfuerzo» que las entidades locales soportan en la prestación de los servicios sociales comunitarios y en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) «por la falta de financiación y de recursos que deben aportar la Junta de Andalucía y el Estado».
Villalobos explica en un comunicado que a pesar de este «sobreesfuerzo», la Junta de Andalucía ha destinado «la misma cuantía» que en el ejercicio anterior a la financiación de los servicios sociales comunitarios, a través de la Orden de 5 de mayo de 2021, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las entidades locales para la financiación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía, correspondientes al ejercicio presupuestario 2021, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del día 10 de este mes.
En cuanto al Servicio de Ayuda a Domicilio, Villalobos avisa que el precio de 14,60 euros/hora que viene aplicándose desde el 1 de marzo de 2021 «resulta insuficiente», según estudios y manifestaciones de la patronal secundados por sindicatos que han solicitado como alternativa un plan trianual (2021-2023) que fije el precio en 16, 17 y 18 euros por año, revisable para siguientes periodos que posibiliten estabilidad temporal. «Esta opción podría entenderse razonable y así la consideramos desde el mundo local», añade Villalobos.
Por otra parte, recuerda que la financiación íntegra del sistema de dependencia y concretamente del SAD ha de ser financiado por el Estado y la Junta de Andalucía y, «en su caso, con aportaciones de copago de usuario (cauces de financiación establecidos por la Ley de Dependencia)».
Sin embargo, el proyecto de Orden por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía, cuyo borrador se encuentra tramitándose en el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, sigue incluyendo en su articulado un inciso que establece la posibilidad de aportaciones que las entidades locales puedan realizar.
«Desde la FAMP venimos solicitando que las corporaciones locales no deben soportar ningún coste de financiación de esta prestación de dependencia, y debe eliminarse por no ser conforme a Ley», advierte Villalobos.
En esta línea, el presidente de la FAMP abunda que el problema de financiación es «algo que se viene arrastrando desde hace tiempo y que la pandemia ha agravado». Por eso, desde la FAMP reclaman a la Junta de Andalucía «que se garantice el cien por cien del coste del SAD y transfiera a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones la cuantía total para la íntegra financiación de este servicio de competencia estatal y autonómica que prestan las corporaciones locales.
Villalobos subraya que el SAD es un servicio del que se benefician a diario unas 100.000 personas, llegando de manera capilar a los 786 municipios andaluces, «gracias a que desde los gobiernos locales se está asumiendo una financiación anticipada para poder mantener los más de 450 millones de euros anuales que exige la contratación laboral y retributiva de más de 21.000 trabajadores que prestan este servicio».
Ingreso Mínimo Vital
En cuanto al Ingreso Mínimo Vital, el presidente de la FAMP se ha referido que a pesar de la previsión en el Real Decreto Ley 20/2020 de la suscripción de convenios o acuerdos con las entidades locales para la tramitación del IMV, hasta la fecha no se han firmado estos convenios, e informa de que las entidades locales a través de los servicios sociales comunitarios, están colaborando, dentro de sus posibilidades económicas y organizativas, con los recursos humanos y técnicos disponibles.
En este sentido, recuerda que las últimas modificaciones del IMV recogidas en el Rel Decreto Ley 3/2021, exigiendo la expedición de Certificados por los Servicios Sociales, suponen, «además de aumentar la carga de trabajo de estos profesionales, una función que no parece propia de los trabajadores sociales, más bien serían propias de la función atribuida a los funcionarios con habilitación nacional».
