¡Se llaman asesinatos machistas, hipócritas!

Este verano va a pasar a la historia, no solo por el horno climático en que se ha convertido nuestro país, sino por el inasumible reguero de asesinatos machistas, cuyo combate debería convertirse en la prioridad número uno de la sociedad y la política española.

Tras una discusión, después de una denuncia por malos tratos, tras un divorcio o luego del mero anuncio de una separación. En casa, en el trabajo, en la ciudad y también en los pueblos. En la calle, en garajes o en sus propias casas. Delante de sus hijos, amigos o a escondidas. Madres, hijas, hermanas, tías, abuelas, empresarias, trabajadoras del hogar, camareras, actrices, maestras. Todas ellas compartían algo: eran mujeres y han sido asesinadas por el mero hecho de serlo.

Tres nuevos casos de asesinatos machistas en lo que llevamos de esta semana y nueve en el mes de julio, quince desde el mes de junio. En solo 24 horas, en Córdoba, Tenerife y Almería, tres mujeres han sido asesinadas presuntamente a manos de sus parejas en menos de un día, lo que eleva esta brutal estadística a 35 mujeres víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año y 1.219 desde 2003.

Desde 2009, se han puesto en España dos millones de denuncias por malos tratos en el ámbito de la pareja y se han dictado más de medio millón de órdenes de protección de las víctimas. El 016, teléfono de asesoramiento a las mujeres maltratadas, ha recibido más de 1,11 millones de llamadas desde que empezara a funcionar en 2007

El Ministerio del Interior tiene registradas en «VioGén», el sistema de seguimiento policial a las víctimas de violencia de género, a cerca de 700.000 mujeres aunque en España se denuncian menos del 30 % de los casos. Las distintas policías han detectado a cerca de 10.000 menores en situación de vulnerabilidad por vivir en un contexto de violencia de género y a más de un millar en riesgo de ser agredidos por las parejas o exparejas de sus madres. Según la Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer del 2019, más de 1,68 millones de menores viven en hogares en los que sus madres son maltratadas.

Mientras los anteriores datos nos colocan frente a un espejo estremecedor, el estercolero político de este país se burla impunemente de esta lacra y de paso de sus víctimas. Lo hacen impidiendo que las instituciones donde ese basurero tiene representación, desde el Congreso de los Diputados, hasta el último ayuntamiento, puedan aprobar declaraciones institucionales contra semejante barbarie.

Con una hipocresía insoportable para cualquier inteligencia media, el PP, ganador de las elecciones del pasado día 23 de julio, asegura que no dará un paso atrás en la lucha contra la violencia machista, mientras pacta gobiernos municipales y autonómicos sin vergüenza alguna, con quienes niegan esa violencia y exigen la supresión de las políticas para combatirla y de las concejalías y consejerías que luchan contra ella.

Vergonzoso resulta leer en twitter al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo que «más que nunca, son necesarias políticas efectivas que terminen con esta lacra», cuando acaba de autorizar pactos con la ultraderecha de Vox en Extremadura,  Valencia, Aragón, Baleares y centenares de ayuntamientos, donde desaparece precisamente este concepto de violencia machista.

Pero es que además quienes directamente niegan la existencia de la violencia machista y sus cómplices del PP, que ya han comenzado a utilizar su misma terminología de «violencia intrafamiliar», se han convertido estos días en unos auténticos «paladines» en defensa de las mujeres, tejiendo una repugnante mentira, sin que les importe lo más mínimo la seguridad de las mujeres, a las que vuelven a utilizar políticamente de la manera más impresentable.

Hasta el nada sospechoso de peligroso izquierdista, el expresidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, aseguraba que “Si hay una manifestación clara y evidente de la fractura de los principios básicos de nuestra convivencia, esta es sin duda la violencia de género que evidencia el más cruel reflejo de la desigualdad entre hombres y mujeres, así como una intolerable violación de derechos y libertades fundamentales”. Pues bien, no debemos consentir que en pleno siglo XXI, nadie dinamite el consenso que hasta ahora habíamos conseguido contra esa lacra.

La violencia de género es el máximo exponente de la desigualdad de las mujeres y la más grave violación de sus derechos humanos que padece nuestra sociedad. Por eso esta lucha tiene que ser una cuestión de Estado, tiene que estar reflejada en todos los programas políticos e institucionales y paralelamente es fundamental invertir una dotación suficiente de recursos que nos permita poner en marcha las políticas tendentes a erradicar esta lacra.

El negacionismo que se pretende imponer desde alguna cloaca política, no podrá ocultar jamás que nuestra sociedad se enfrenta a una dramática realidad, frente a la que no podemos, ni debemos resignarnos, como si se tratara de algo inevitable.

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer, como «todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado, un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, o la coacción, tanto si se producen en la vida pública como en la privada».

El problema es de tal magnitud que según estudios de la OMS, basados en los datos de más de 80 países, casi una tercera parte (30%) de las mujeres que han mantenido una relación, han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja.

Y mucha atención, porque según los barómetros Juventud y Género que firma el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, uno de cada cinco adolescentes y jóvenes varones entre 15 y 29 años, consideran que la violencia de género no existe y solo es un «invento ideológico». Este dato significa que desde 2017 esa opinión se ha duplicado. Al mismo tiempo, quienes defienden que la violencia machista es un problema grave, han pasado del 54 al 50% de los entrevistados. Por cosas como estas, fruto de un negacionismo misógino, es fundamental llamar a las cosas por su nombre y mantener contra viento y marea los departamentos en los gobiernos municipales y autonómicos que luchan contra este estado de cosas.

El negacionismo que se está consiguiendo imponer desde alguna cloaca política, con la complacencia del PP, no podrá ocultar jamás que nuestra sociedad se enfrenta a una dramática realidad, frente a la que no podemos, ni debemos resignarnos, como si se tratara de algo inevitable, porque los hechos demuestran la absoluta necesidad de rearmarnos contra una realidad que amenaza, la vida de la mitad de nuestra sociedad, ya que cada vez más se cargan las culpas sobre las víctimas y detrás de esos razonamientos también hay una intención para invisibilizar la dimensión social y cultural de los feminicidios, circunscribiéndolos a la esfera de las relaciones privadas. No lo consintamos.