Solicitan 9 años de cárcel y una multa millonaria por un fraude de prestaciones a la Seguridad Social

Solicitan 9 años de cárcel y una multa millonaria por un fraude de prestaciones a la Seguridad Social

  • En la causa también están acusados cuatro de los falsos trabajadores que se beneficiaron de esta práctica

La Fiscalía de Granada ha solicitado la pena de nueve años de cárcel y el pago de una multa de 4,8 millones de euros para un hombre acusado de dar de alta en empresas ficticias a un nutrido grupo de falsos trabajadores para que cobraran prestaciones por desempleo y por incapacidad temporal, llegando a defraudar cerca de un millón de euros.

A cambio de estas gestiones el acusado cobraba dinero a los beneficiarios, en total un centenar de personas de distintas nacionalidades que nunca llegaron a desempeñar ningún trabajo en estas empresas, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía.

En unos casos los daba de alta para que cobraran los subsidios de la Tesorería General de la Seguridad Social por desempleo, con un montante defraudado de 816.428 euros, y en otras por prestaciones de incapacidad temporal, concepto por el que se defraudaron 10.196 euros.

En otras ocasiones, el acusado facilitaba con sus gestiones a los ciudadanos extranjeros la documentación necesaria para poder adquirir la autorización de residencia temporal, a los efectos de acreditar una situación de arraigo que no existía.

En la causa, que será juzgada este mes de junio en la Audiencia Provincial de Granada, también están acusados cuatro de los falsos trabajadores que se beneficiaron de esta práctica. El resto, cerca de un centenar, no ha sido localizado por lo que se ha decretado el sobreseimiento provisional para ellos hasta su localización.

La Fiscalía atribuye al principal acusado un delito continuado contra la Seguridad Social y otro de falsedad en documento oficial, mientras que a los cuatro falsos trabajadores les acusa de delitos de falsedad en documento oficial y contra la Seguridad Social por el que pide penas de un año de prisión, además de la imposibilidad de obtener subvenciones o beneficios fiscales durante cuatro años para tres de ellos.

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