Subdelegación traslada al Ayuntamiento la necesidad de reactivar los protocolos de atención a migrantes

• El llamamiento de las ONG, que también trasladaron al Ayuntamiento de Granada, «responde a lo sucedido» este pasado fin de semana

La Subdelegación del Gobierno en Granada trasladará al Ayuntamiento de la capital la petición formal de asociaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan por los derechos de los inmigrantes para que reactive el Protocolo de Emergencia de Acogida ante la Llegada Colectiva de Migrantes (Pecol).

Inmaculada López Calahorro pretende, de este modo, compartir con el Ayuntamiento «la preocupación» de las más de 40 ONG que se integraron en el Pecol, después del caso del grupo de unos 15 varones argelinos que pasó la noche del domingo al lunes pasado en el polideportivo municipal Paquillo Fernández al no ser acogido en Motril para el inicio del confinamiento al que están obligados al llegar a territorio nacional.

El Pecol es un protocolo que se puso en marcha en el Ayuntamiento de Granada en el anterior mandato, con gobierno local del PSOE. López Calahorro ha indicado que la solicitud de las ONG, registrada por vía electrónica por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), entró el miércoles, y que le dará traslado al Ayuntamiento, habida cuenta de la importancia de evitar que personas como este grupo «se pueda quedar en la calle» ante un imprevisto.

Este tipo de protocolos sirven para afrontar situaciones como las que se vivieron en Motril, en la costa de Granada, ese mismo domingo, cuando el resto de los 65 inmigrantes de origen magrebí quedó a disposición de distintas ONG, tras haber sido trasladado a la dársena granadina el jueves anterior después de ser rescatados de hasta cinco pateras en aguas de Alborán.

Para esta «acogida de emergencia», tras las 72 horas en que estas personas pueden estar en un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en un momento en que tienen que cumplir con el confinamiento al que están obligados después de llegar a territorio nacional, el Gobierno cuenta con el protocolo que se ha venido utilizando antes de que se declarara el estado de alarma.

En ese contexto, la subdelegada ha explicado que se trabaja en coordinación con ayuntamientos. Al hilo de lo ocurrido hace unos días, el alcalde de Granada, Luis Salvador, criticó el pasado lunes la actuación de la Subdelegación del Gobierno, después de que el Consistorio granadino hubiera de alojar al grupo de inmigrantes llegado desde Motril en el polideportivo Paquillo Fernández.

En este contexto, Salvador instó a López Calahorro a que diera una solución a lo largo de la jornada al grupo llegado a la capital granadina porque, de lo contrario, serían trasladados a la Subdelegación y quedarían «en la calle». Ello no llegó a suceder y tres ONG se hicieron cargo de su alojamiento en las provincias de Sevilla, Madrid y Barcelona, según informaron desde la APDHA.

El llamamiento de las ONG, que también trasladaron al Ayuntamiento de Granada, «responde a lo sucedido» este pasado fin de semana. A juicio de estas organizaciones, este hecho «confirma la necesidad de que el Pecol esté a pleno rendimiento, independientemente de que esta situación no debiera haberse producido».

El Pecol está compuesto por más de 30 personas del ámbito sanitario, trabajo social, traducción entre otros, que, tal y como han resaltado en su comunicado, «participan de forma voluntaria en el proceso y están dispuestas a coordinarse de nuevo».

En los escritos remitidos tanto al Ayuntamiento como a Subdelegación del Gobierno, han solicitado que «se convoque al Pecol y que vuelva a activarse destinándole los recursos necesarios (ínfimos, por otra parte) que requiere», ya que, según afirman desde las organizaciones, «éste garantiza que se dé respuesta a las diversas necesidades de las personas recién llegadas incluida la pernoctación, revisión sanitaria de urgencia, asesoramiento de todo tipo y acompañamiento individualizado».

Concluyen que «es esencial que, en esta situación de crisis sanitaria mundial, se activen mecanismos de solidaridad entre ciudadanía y administraciones públicas para que se respeten los derechos fundamentales de las personas más vulnerables tal y como exigen las organizaciones internacionales».