Taquillas cerradas a cal y canto, derechos básicos en entredicho

El hecho de que el año natural y el año presupuestario acaben y comiencen el mismo día lleva a que el primero de enero se produzcan situaciones en ocasiones dramáticas como puede ser el cierre total de una línea de tren o, como sucedió el primer día de este 2020 ya no recién comenzado, la clausura del servicio de venta de billetes en muchas estaciones de tren en toda España.

El hecho de que en la previsión de ingresos y gastos de las administraciones públicas se prime la cuantificación económica sobre el uso y disfrute de los servicios públicos presentes o futuros de la ciudadanía, lleva a desposeer de un día para otro de derechos básicos adquiridos a la población más desfavorecida de los territorios más desfavorecidos. En el caso que les presento en esta ocasión, la decisión del Ministerio de Fomento como superior último de Adif y Renfe, de cerrar a cal y canto (y así fue, con ladrillos y cemento) las oficinas de venta presencial de billetes en las estaciones de poblaciones con poca población para sustituirlas por máquinas autoventa es un ataque a las personas con menos recursos de acceso no solo a la movilidad sino al uso de las nuevas tecnologías de la información. ¿Se imaginan ustedes a una persona de pueblo de edad avanzada (con todo el respeto que deberíamos demostrarle y reconocerle), sin conocimientos tecnológicos, yendo a la página web de Renfe o plantándose ante una máquina que solo acepta tarjetas bancarias para sacar un billete para acudir a la gran ciudad para hacer gestiones? ¿Se imaginan ustedes la frustración de esta misma persona al enfrentarse a un problema irresoluble y sin capacidad de recurrir a una persona para encontrar una respuesta? Luego se nos llena la boca de promoción de los derechos de la tercera edad, de defensa de los servicios públicos, de apoyo al mundo rural,… ¡Mera demagogia!

La dura realidad es que asistimos a un proceso continuado de expropiación de derechos que se ha acelerado en los últimos años, a la par que se imponía un modelo ferroviario basado en la alta velocidad y la velocidad alta, eliminando las declaraciones de obligación de servicio público y con la presión del artículo 135 de la Constitución y de la fiscalización de Bruselas como excusas tapalotodo.

Y ha tenido que ser la necesidad de contar con el único escaño de Teruel existe (recordemos que supone tan solo el 0,26% del voto del Congreso) para la investidura de Pedro Sánchez lo que ha logrado que el proyecto de cierre de taquillas se paralizase transitoriamente. Es decir, que la política, lo mismo que provoca los problemas, también puede servir para encontrar una solución. La cuestión es que el servicio de transporte público, como requisito para la accesibilidad universal, como derecho básico de ciudadanía, se vea cautivo de los vaivenes de la baja política y los criterios de la rentabilidad económica. El transporte público, por su propia naturaleza, no puede ser rentable como no son rentables la educación o la sanidad porque lo que se obtiene con la inversión en servicios públicos es retorno social, es bienestar para la gente que es lo que la alta política debe procurar.

Ampliando el ámbito del análisis y partiendo de la premisa de que la movilidad puede considerarse un derecho de ciudadanía pues es necesaria para acceder a otros servicios de primera necesidad como estudios, sanidad, trabajo…, hemos de reconocer que también supone la causa de múltiples externalidades, desde la siniestralidad en carretera al deterioro de la salud, sin olvidar las partidas presupuestarias que se destinan a la reposición o construcción de nuevas carreteras en lugar de ser invertidas en mejorar esos servicios que citaba antes. Esos costes externos son producto de unos sistemas de transporte basados en vehículos con motores de alto consumo de energías fósiles y que son corresponsables del incremento de las emisiones de gases con efecto invernadero y de la polución del aire con especial incidencia en los ámbitos urbanos, como sabemos y sufrimos en la aglomeración urbana de Granada.
En Andalucía, como en el resto de España, se percibe un proceso acelerado en los últimos decenios de concentración de población en la franja costera y en grandes aglomeraciones urbanas. La dotación de infraestructuras ha ido a remolque de este proceso, provocando desigualdades territoriales y, aunque parezca paradójico, descohesión social por el postergamiento de las zonas rurales periféricas, a las que se ha ido vaciando de servicios por la falta de rentabilidad económica y convertido en el lugar donde depositar aquellas actividades poco atractivas que el/los centro(s) no quieren ver ni quieren tolerar en sus proximidades. Es una segregación socioterritorial y económica de perfil bajo, que se intenta pase desapercibida o que, como con los icebergs solo se vislumbre su cumbre y que oculta una España a distintas velocidades.

Y ahora que se prevé la declaración de emergencia climática por parte del Gobierno central y es tendencia la potenciación de las políticas verdes desde el ámbito local al europeo, ¿debemos seguir permitiendo que se desmantele el ferrocarril que cohesiona los territorios, que se prive de servicios a los territorios de baja densidad poblacional, que se perpetúe una dinámica de vaciamiento de derechos de las personas que viven en las zonas periféricas?

De acuerdo, la controversia del cierre de las taquillas de las estaciones de tren es la punta del iceberg, pero como nos recuerda el hundimiento del Titanictenemos que ser precavidos y proactivos, teniendo presente que por debajo de la superficie continua el hielo.