UGT y CCOO piden en Granada al Gobierno que se inicie un debate para una futura ley integral de derechos de las personas mayores
Con motivo de la celebración, este viernes, 1 de octubre del Día Internacional de las Personas Mayores, los responsables provinciales de Pensionistas de ambos sindicatos, Antonio Garrido (UGT) y Matías Muñoz, (CCOO), acompañados por los secretarios generales de UGT Granada, Juan Francisco Martín y de CCOO Granada, Daniel Mesa, han entregado a la Subdelegada de Gobierno un documento con las principales reivindicaciones de este colectivo en nuestra provincia, recogidas en un manifiesto conjunto, entre las que además de una ley integral de derechos de las personas mayores, se encuentran unas pensiones dignas, una atención sanitaria y de dependencia públicas de más calidad, precios justos de la electricidad, y además de recordar a los mayores caídos en residencias durante la pandemia.
Antonio Garrido, Secretario General de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Granada, ha recordado que en Granada hay actualmente 190.136 personas pensionistas y que la pensión media en nuestra provincia es de 879,06€, cifra inferior al SMI y habiendo subido sólo un 0,6% respecto al mismo mes del 2020. También es inferior a la correspondiente a Andalucía (926€) y a España (1.035,98€), siendo nuestra provincia la novena con una pensión media más baja (quinta en nuestra Comunidad Autónoma). Además, según estimaciones del Sindicato, el 38% de los pensionistas se sitúa bajo el umbral de la pobreza, y cuatro de cada diez pensiones han contribuido a sostener a sus familias. El representante de UGT ha recordado que además, la brecha salarial se agrava con la jubilación, de hecho, las pensionistas granadinas cobran un 29,26% menos que la pensión de un hombre (3.628€ menos al año), y el 58,32% de quienes perciben las pensiones más bajas que la media, son mujeres.
Ante estos datos, el representante sindical ha puesto en valor el acuerdo para derogar la reforma lesiva para los pensionistas del 2013, y establecer unas nuevas bases que garantizan la sostenibilidad de nuestro sistema público, así como su solidez y solvencia, ya que es uno de los grandes logros de la UGT en los últimos años. En primer lugar, a partir del próximo 1 de enero, por la recuperación de la revalorización de las pensiones con el IPC de cada año, que supone una garantía de mantenimiento del poder adquisitivo para todo el colectivo. Y en segundo lugar, y a medio plazo, mediante la mejora de todas las pensiones de jubilación, sean del tipo que sean, ya que el acuerdo beneficia al conjunto de las pensiones. Y finalmente, porque mediante este acuerdo se apuntala el sistema público de pensiones, que es sólido y solvente, y se consigue la sostenibilidad del sistema de cara al futuro.
A pesar de esta importante mejora, Garrido sostiene que aún, las personas mayores en general, y los pensionistas en particular, contribuyen desde diferentes ámbitos al desarrollo económico y social, pero a pesar de ello, siguen siendo excluidos, tal y como ha demostrado la pandemia. Por ello, entre otras reivindicaciones, el ugetista considera imprescindible que se inicie un debate para después plasmarlo en una futura ley integral de derechos de las personas mayores, en la que se contemplen ámbitos como la salud, la vivienda, su protección social, económica y jurídica, etc.
Por su parte, Matías Muñoz, secretario general del sindicato de Pensionistas de CCOO, ha expuesto que a través de este acto se quiere recuperar la visibilidad de las personas jubiladas, porque «hay que recuperar la inversión social y garantizar la viabilidad del sistema de pensiones, que es financiable y tiene futuro». Desde CCOO se han destacado los problemas del sistema de pensiones, y se ha abordado la necesidad de afrontarlos desde la base de los ingresos, subiendo salarios y generando empleo de calidad. «Si no se lleva a cabo la reforma de las pensiones habrá una pérdida continua de poder adquisitivo que supondrá una merma en las condiciones de vida de las personas más vulnerables, sobre las que no puede caer el peso de la gestión económica, agravada por la crisis sanitaria».
En este sentido, a Muñoz le preocupa la reducción de capacidad de compra de las pensiones, que vendrá del efecto conjunto de la pérdida que sufrirán los pensionistas sometidos a una revalorización condenada a congelarse. «Reclamamos al Gobierno medidas urgentes que ayuden a erradicar esta situación, a través de ámbitos de diálogo social y político, en el marco del Pacto de Toledo, que deben concretar la adopción de medidas que refuercen los ingresos del sistema, corrijan efectos negativos y permitan restablecer el marco de concertación social y política sobre el Sistema de Pensiones».
Para el sindicato de CCOO también se hace necesario el desarrollo e implantación de políticas públicas en materia de promoción de la salud, «fundamentales para garantizar el envejecimiento activo», ya que afectan de forma directa al deterioro de la salud y capacidades autónomas de las personas mayores. «Se hace cada día más imprescindible situar el gasto sanitario público en al menos el 7,2% del PIB, «algo que venimos reivindicando durante años».
También han querido hacer hincapié en el sistema de Atención a la Dependencia ante la crisis sanitaria. «Ha resultado manifiestamente débil», ha comentado Muñoz. «Hay que recuperar la financiación estatal, insistiendo en la línea del reciente acuerdo en el marco del Diálogo Social para poner en marcha un Plan de Choque para culminar la implantación de la atención a personas dependientes».
«Y por supuesto, nos seguiremos movilizando contra la pobreza energética, pues el precio de la luz es desorbitado», ha continuado explicando el responsable sindical, que ha apuntado a medidas como desarrollar programas para la población que no puede acometer ninguna medida de eficiencia energética, ampliar el reforzar el bono social de las personas vulnerables, extender el plazo de moratoria a los cortes de luz a esa misma población o aplicar una tarifa más baja para un consumo mínimo vital en los primeros KWh consumidos.
