Una sentencia obliga a Correos a pagar 9 millones a los trabajadores y a prestar servicio los sábados
- Los sindicatos han denunciado su intento de cerrar 2.500 oficinas de Correos en sábado para esquivar el acuerdo sindical, reducir costes y no pagar salarios con el “gravísimo perjuicio que conlleva para la ciudadanía”. Piden un mantenimiento del servicio con voluntariedad, nuevo empleo y mejoras retributivas
El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, se ha visto obligado a rectificar su conducta, estos últimos tiempos, ante el “previsible varapalo” de la Audiencia Nacional en el juicio del próximo día 23 de febrero por las “claras ilegalidades cometidas”. En una Mesa de Negociación se ha acordado el pago de los Fondos Adicionales 2019-2020 y la regulación de la jornada en sábados, “compromisos que venían siendo incumplidos”, ha explicado la secretaria de la sección sindical de Correos Granada, Juana María Garrido.
El acuerdo plurianual suscrito por CCOO y UGT con Correos recogía una subida salarial lineal y fija correspondiente a dichos Fondos Adicionales, y “Serrano llevaba más de dos años esquivando las peticiones de los sindicatos para llevar a cabo este compromiso suscrito”, ha afirmado Garrido.
“La mala fe ha sido constante, ya que las cuantías para realizar los pagos estaban presupuestadas desde hace dos años, hurtando el derecho al abono efectivo a los más de 53.000 trabajadores y trabajadoras”, ha continuado la secretaria de la sección sindical.
El otro compromiso recogido en el acuerdo plurianual, y que ahora Correos se verá obligado a llevar a efecto es el referente a la regulación de jornada en sábados, que se venía realizando “de forma ilegal” por incumplimiento del descanso semanal de más de 16.000 trabajadores y trabajadoras, y que la empresa se ha visto obligada a rectificar ante el inminente juicio en la Audiencia Nacional sobre este asunto.
CCOO y UGT han denunciado el sabotaje continuo de Serrano a la negociación al negarse a buscar una salida al conflicto en todos los actos de conciliación celebrados, tanto en Comisión Paritaria como en el Ministerio de Trabajo, “salida a la que ahora se ve abocado para evitar el varapalo de la Audiencia Nacional”, ha explicado Garrido.
En la Mesa celebrada del 18 de febrero, desde Correos se ha reconocido la ilegalidad, se ha rectificado y propuesto la realización de contratos para atender el servicio prestado en tanto se desarrolla el acuerdo alcanzado con los sindicatos en 2018, por el que la prestación del trabajo en sábado para los 16.000 trabajadores y trabajadoras afectadas debe hacerse con voluntariedad, mejoras retributivas y, en su caso, nuevo empleo para un mejor servicio público postal.
También, desde los sindicatos se ha denunciado el cierre de 2.500 oficinas en sábados para esquivar el acuerdo. “Cierre que se viene aplicando desde hace ocho meses y que deja descubierta la prestación del servicio público a toda la ciudadanía en uno de los días en que realmente se puede acudir a Correos, arrebatando un derecho reconocido por Ley, e infravalorando de este modo, el servicio postal público” ha seguido explicando Garrido, que también ha reiterado como con ello se ha justificado la reducción de las cuantías económicas que Correos recibe por parte del Estado. “Se está caminando hacia un cambio de modelo de público a privado, de postal a logístico, que claramente apunta hacia una futura privatización”.
Por este motivo, ambos sindicatos, han exigido que se mantenga el servicio postal público a la ciudadanía los sábados, aplicando lo que queda por cumplir del acuerdo sindical, “es decir, de forma voluntaria, con nuevas contrataciones y mejoras retributivas”.
En el juicio del próximo día 23, CCOO y UGT pedirán una amonestación del tribunal por mala fe negocial, al tiempo que han anunciado una demanda por derechos fundamentales ante la vulneración “constante e intencionada” del derecho a la negociación colectiva y de libertad sindical por parte del presidente de Correos.
