UP reclamará esta semana en la Diputación la continuidad de los planes de intervención social en la provincia
- La confluencia sostiene que necesidades sociales como la intervención contra la pobreza y la exclusión no puede depender de proyectos temporales
La diputadas provinciales de Unidas Podemos por Granada (UPporGr), Alejandra Durán, y de Izquierda Unida (IU), Mari Carmen Pérez, defenderán ante el Pleno de la Diputación de Granada del próximo jueves una iniciativa conjunta mediante la que solicitan la continuidad de los planes de intervención social en las zonas más desfavorecidas de la provincia, desarrollados en el marco de la Estrategia Andaluza para la Cohesión y la Exclusión Social (ERACIS), que decaerán el próximo mes de agosto sin que, hasta la fecha, la Junta de Andalucía se ha pronunciado sobre su prolongación.
La finalización de los planes de intervención social, ha explicado Durán, supondría “el despido de 126 profesionales” tan sólo en Granada, entre los que se encuentran psicólogos, trabajadores y educadores sociales y juristas, “y, lo que es más importante, la desatención de más del 60% de las personas con las que se interviene actualmente” en trece zonas desfavorecidas de la provincia suscritas geográficamente a diez municipios.
Además, ha añadido, la supresión de estos programas dejaría a los servicios sociales comunitarios “gravemente debilitados”, generando un “importante vacío” en los servicios y prestaciones del sistema público de servicios sociales. Por eso, la diputada de Unidas Podemos ha advertido de que una necesidad social como la intervención contra la pobreza y la exclusión, “cuyas tasas provinciales son muy están estabilizadas muy por encima de la media nacional, no puede depender de proyectos temporales”.
Por su parte, la diputada provincial de Izquierda Unida, Mari Carmen Pérez, ha subrayado que la merma de profesionales supondrá que “durante un período prolongado de tiempo las familias no contarán con las herramientas necesarias para desarrollar su día a día con dignidad”. A su juicio, la Junta de Andalucía “no puede dejar en el limbo a miles de familias, debe hacer un esfuerzo por hacer cumplir los objetivos”, a lo que ha añadido que “el programa recibe un 80% de la financiación de los fondos europeos y sólo un 20% corresponde a la aportación del Gobierno andaluz”.
La diputada provincial ha rescatado el papel de la Diputación provincial en la ejecución de los Planes de Intervención Social en zonas desfavorecidas y ha exigido a la institución “más coordinación” entre administraciones y “agilidad” para establecer criterios acordes a la realidad de los municipios. “Un municipio de 5.000 habitantes cuenta con seis profesionales, pero una ciudad de 20.000 cuenta con la misma cifra de trabajadores, esto es, a todas luces, un despropósito”.
La delimitación de las zonas de actuación en los municipios también ha sido recogida por la coordinadora como “uno de los problemas a resolver”. Según ha advertido, el criterio del municipio ha de primar en las zonas de actuación, “puesto que conocen y tienen la información de primera mano, si no, nos encontraremos que dentro de una misma zona hay calles que se acogen al programa y otras no”.
