Vox traslada al Juzgado su propuesta de gestor provincial tras anularse las primarias
Vox en Granada ha trasladado al Juzgado de Primera Instancia número 6 de Granada su propuesta para designar un gestor provincial después de que se haya ordenado la suspensión cautelar de los resultados de las últimas primarias del partido, celebradas en 2020, hasta que se resuelva el procedimiento judicial abierto a raíz de una denuncia por supuestas irregularidades en este proceso.
En un escrito fechado el 2 de septiembre, Vox expone que el órgano de dirección de la provincia anterior a la convocatoria de elecciones era la Comisión Gestora Provincial (COGEP), que quedó disuelta con la convocatoria del proceso electoral.
El COGEP estaba integrado por Manuel Martín como presidente –fue quien luego salió proclamado como responsable de la formación tras el proceso interno– y tenía entre sus vocales a la diputada de Vox en el Congreso Macarena Olona.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Vox traslada al juez que «los estatutos del partido disponen en situaciones temporales la designación por el Comité Ejecutivo Nacional de una Comisión Gestora o en su caso, en el periodo transitorio desde la disolución del COGEP hasta la nueva designación — que en el supuesto que nos ocupa se produce a través del proceso electoral– la designación de un gestor provincial».
Así, «a fin de dar cumplimiento al mandato judicial de conformidad con los estatutos del partido», la formación solicita la conformidad del Juzgado a fin de proceder a la designación del gestor provincial.
Los promotores de la demanda que ha dado origen a esta causa han avanzado su pretensión de impugnar este escrito por entender que lo que se busca es que gestionen el partido quienes supuestamente «cometieron irregularidades» en la organización de las primarias que ahora han sido suspendidas cautelarmente por el juzgado.
La demanda ha sido promovida por uno de los aspirantes a estas primarias, Ignacio Pozo, y ha dado lugar también a la suspensión cautelar de los «acuerdos de exclusión de la candidatura de los actores y de su privación de su condición de elegible». En ella se pedía «suspender y dejar sin efecto el proceso electoral para elegir al nuevo presidente», así como todo lo celebrado «por infracción de la ley, estatutos y reglamentos»; también, que se acordara retrotraer el proceso electoral a su inicio o, en su defecto, a la fase de obtención de avales.
