Y Thatcher ingresó en el Hospital Virgen de las Nieves

No, no está enferma porqué ya falleció en 2013, y en realidad no es ella, es su ideología implantada en 1979. Y no solo en el Virgen de las Nieves, impregna el conjunto de la gestión del SAS. Thatcher en realidad nos va a servir para comprender lo que está sucediendo en la Sanidad andaluza y granadina. Para ella, los servicios públicos gratuitos generaban un exceso de uso por parte de la ciudadanía beneficiaria, con lo que entienden dejan de ser elemento de cohesión social y se convierten en una carga que lastra la competitividad. Y para desarticular los servicios públicos y ofrecerlos al mercado financiero ideó, un círculo tenebroso: en primer lugar, deteriorar las condiciones laborales de los empleados públicos, para que sean los propios profesionales los que se decidan a trabajar en entornos “más saludables” y mejor remunerados, en segundo lugar y consecuencia de este, deteriorar el servicio, de forma que sea la propia ciudadanía la que por hartazgo se incorpore, previo pago, al sistema privado.

Ese es el plan con nuestra Sanidad pública y no es nuevo, tampoco en España, ya lo practicó Esperanza Aguirre en Madrid, y parte de la concepción economicista de los servicios públicos, incluidos los que garantizan nuestra salud. Seguro que si algún profesional del SAS está leyendo estas líneas comienza a sonarle esta historia. Los contratos por días, la saturación de las salas de espera, las consultas de apenas 7 minutos, son parte de ese plan de la Junta de Andalucía. Pudiera parecer, o eso nos cuentan, un problema presupuestario, pero las decisiones políticas tomadas hasta el momento no apuntan a ello: el famoso plan de eliminación de las listas de espera supuso un vergonzoso trasvase de dinero público a la sanidad privada y concertada, y cuando lo han agotado, resulta que no tienen liquidez para nuevas contrataciones, con lo que se vuelve a la situación de origen y a cargar sobre las espaldas del profesional el desastre en la gestión, con una media de 120 horas sin pagar de exceso de jornada para el personal de todas las categorías, denunciaba la Junta de Personal. ¿Saben? Los profesionales sanitarios también enferman, y su trabajo hoy los convierte en personal de riesgo.

Más aún si con este deterioro del servicio se empuja a la población a convertir al personal sanitario en el escudo de la frustración, porque los políticos no dan la cara, ellos sí. El repunte de agresiones a personal sanitario público por parte de usuarios es la máxima expresión de nuestro fracaso como sociedad cohesionada mientras la Administración se empeña en restarles reconocimiento y autoridad.

¿Cuántos de nosotros hemos pedido precio por algún servicio sanitario al ver la lista de espera para alguna especialidad? Pero finalmente solo lo habrán podido contratar quienes tengan la suerte de disfrutar un trabajo estable y un salario digno, esto es, la ruptura de los principios de igualdad y solidaridad. Decía que todo apunta a un plan orquestado y no a algo puntual, y un ejemplo más es la externalización de servicios, por ejemplo, el de las lavanderías de hospitales, cuyo único sentido es empeorar el servicio y los empleos por similar coste, incluyendo eso sí, el 4% de beneficio para la empresa adjudicataria. Pero podemos encontrar más elementos en este plan, y uno de los más aberrantes es que se decidiera pagar el complemento de exclusividad de ejercicio en la pública a todos los profesionales, también a los que ejercen en la sanidad privada, si esto no les parece una oferta para marcharse a trabajar a “la competencia”, díganme qué sentido tiene.

Y aquí entran en juego los enormes problemas éticos que plantea la sanidad privada al convertir nuestra salud en parte del negocio generando un sistema perverso. Es habitual, los facultativos lo saben, escuchar a pacientes derivados por la privada al sistema público para que le prescriban determinadas recetas o se realicen pruebas diagnósticas, porque la presión sobre los bolsillos del paciente es enorme. En la sanidad privada prima la constricción económica y la presión sobre el profesional a base de objetivos económico para obtener beneficio, eso sí, en entornos que al paciente nos hacen sentir en hoteles de lujo. Pero las decisiones médicas siempre estarán regidas por criterios de costes impuestos por la empresa, y la atención al paciente subordinado a su condición de cliente, y no hablemos de la coordinación entre especialidades para una visión de la salud integral.

Sin embargo, las empresas privadas de la sanidad están ocupando lugares estratégicos en nuestro sistema de salud, sin ir más lejos, en breve recibirán una ingente cantidad de dinero de las mutuas para que traten también nuestros tratamientos durante las bajas laborales, bajo la condición de que acorten los tiempos para la incorporación del paciente a su centro de trabajo.

Uno de los grandes valores de nuestra sanidad pública, sobre el que pivota de manera integral nuestra salud, está en la Atención Primaria. Esta es la menos rentable para la iniciativa privada, básicamente porque todos los estudios apuntan que invertir en centros de salud supone un ahorro exponencial en costes farmacéuticos y hospitalarios. La Primaria es además un elemento principal de igualdad entre la población dentro del territorio, y tiene un papel fundamental en la educación en salud, prevención de enfermedades y atención de pacientes crónicos. Por todo esto, repito, no forma parte del interés para el balance de cuentas de la iniciativa privada sanitaria, y parece que ahora, tampoco para nuestros representantes públicos. El otro día recordaba de nuevo a Thatcher cuando un enfermero sevillano que trabaja en Inglaterra me decía “allí la Atención Primaria es la puerta de acceso a las urgencias de un hospital central, imagina el caos”.

Y luego está el gasto farmacéutico. Se han empeñado en convencernos de que las marcas son las que nos curan, y no el principio activo. Y detrás de todo esto, de la renuncia a la subasta de medicamentos, del desprestigio de los genéricos, lo único que hay es una enorme transferencia de dinero público a las grandes empresas farmacéuticas que administran nuestra salud a golpe de talonario.

Siempre digo que gestionar la sanidad es más complejo que gestionar una ciudad, y que debemos de ser cautos a la hora de opinar a la ligera. Es bueno escuchar a las y los profesionales. Lo más tentador para nuestros dirigentes públicos es emprender un proceso privatizador. Pero el daño a la equidad entre la ciudadanía, la cohesión social y al acceso a la garantía de salud universal serían irreparables. Todo apunta que no es puntual, sino que responde a un plan privatizador, no lo ha inventado la Junta, ya lo hizo Thatcher en 1979. Los profesionales de la sanidad a través de sus organizaciones sindicales se están movilizando por la calidad de sus empleos, pero también por nuestra salud y por el servicio público que recibimos, y es momento de que reciban nuestro apoyo.

Además de los servicios públicos, Thatcher desmanteló la industria y socavó todo lo que pudo el poder de las organizaciones sindicales para no sufrir contestación. De lo primero apenas nos queda en el país, respecto a lo segundo, no duden que el sindicalismo de clase va a plantar cara a la Junta de Andalucía en defensa de lo público.

*Daniel Mesa es Secretario de Organización de CCOO Granada